Desde la CTA Bahía Blanca y ADUNS expresamos plena solidaridad con la lucha de la docencia santacruceña nucleada en ADOSAC.
En medio de un conflicto que lleva meses por genuinas reivindicaciones laborales y salariales repudiamos dos iniciativas del poder político y judicial de la provincia.
En una demostración de autoritarismo el gobierno que encabeza Alicia Kirchner decidió por decreto (0695/23) el cierre de la paritaria. Queda clara una voluntad de no resolver los reclamos sino poner coto a la legítima protesta con la coerción como política.
Con una simultaneidad que no consideramos casual la Cámara de Apelación penal de Río Gallegos hace lugar a un pedido del fiscal para cambiar la carátula de un procesamiento de cuatro de los manifestantes que en el 2017 se dirigieron a la “Casa de Gobernadores”.
El cambio significa nada menos que pasar a la grave acusación de intento de femicidio (de Alicia Kirchner y Cristina Fernández) lo que en principio era violación de domicilio. Esto se produce en una causa iniciada desde el gobierno ante un reclamo que se venía realizando por el no pago sostenido de salarios en el año 2017.
Solo podemos entender tal decisión como un nuevo avance en la criminalización de la protesta apelando a métodos que se utilizan también Chubut, Salta, Misiones y Jujuy.
El laboratorio urdido para criminalizar la protesta social y castigar a los más débiles no comenzó hace poco y en la provincia de Jujuy. A la hora de reprimir al pueblo, los y las gobernantes dejan de lado las falsas grietas políticas.
Respaldando la histórica lucha genuina y legítima de Adosac, siempre decidida democráticamente en sus congresos, reclamamos con urgencia el desprocesamiento y absolución de los luchadores Ance, Barrionuevo, Valentín y Wasquin.
