Desde ADUNS manifestamos nuestra solidaridad con la docente ANA CONTRERAS, exigimos su absolución y rechazamos toda judicialización de la tarea docente.
El miércoles 9/4, el juez Boga Doyhenard de General Pico, La Pampa, dictó una sentencia inédita, alarmante y repudiable al sancionarla con una multa millonaria, amonestaciones, prohibición de contacto y otras cuestiones administrativas. La acusación y el lamentable fallo, se producen por dichos en una clase de Construcción de Ciudadanía, donde la docente se refirió al conflicto en Medio Oriente, entre Israel y Palestina, ante la consulta de una estudiante. En la clase, de 4to. Año, participaba una alumna de religión judía, que dijo sentirse agraviada, según la denuncia de su padre. El juez fundó su sentencia en un supuesto “maltrato psíquico”.
Rechazamos este avasallamiento de la libertad de expresión y de cátedra, como los posicionamientos de “adoctrinamiento” que pretenden imponer un “pensamiento único”. El mismo padre había denunciado anteriormente a la docente y la escuela, para que no se trabajen contenidos de la ESI, con argumentaciones de “objeción de conciencia”, vulnerando las leyes y normativa, tanto provincial como nacional.
La construcción social del conocimiento implica miradas múltiples y formar con sentido crítico. Su judicialización y penalización genera temor, alarma y rechazo en la docencia y la comunidad educativa, porque actúa como disciplinador. De ningún modo un comentario en una situación de formación puede derivar en un proceso judicial y una multa millonaria. Cualquier observación sobre un proyecto áulico está contemplada en los protocolos de intervención del Ministerio de Educación, pero la denuncia se tramitó en la justicia, vulnerando el proyecto institucional de la escuela que marca los contenidos y orientaciones pedagógicas, avasallando así la libertad de cátedra y expresión, el proyecto escolar y la educación misma, cosa que la justicia debería rechazar, no juzgar ni condenar.
El hecho no es aislado, sino la manifestación de un problema más profundo. Hace tiempo se conocen condenas y procesamientos por comentar la temática o abordarla en un sentido crítico. No se puede sancionar a la docente por abordar en el aula saberes de Derechos Humanos, Terrorismo de Estado y genocidio, que derivan en un debate sobre Palestina y la ocupación israelí, trabajada desde el derecho internacional humanitario. Ni igualar el antisemitismo a las críticas al accionar del Estado de Israel en Gaza, como se quiso hacer con el actor Norman Briski, con el procesamiento a la diputada nacional y delegada no docente de la UBA Vanina Biasi (PO-FITU) o con el diputado (mc) Alejandro Bodart (MST-FITU) que enfrenta un nuevo juicio el 8 de mayo.
Se busca acallar cualquier voz o visión que ponga en cuestión o debate al genocidio en Gaza, el que fue condenado incluso por la Corte Internacional de La Haya.
La docencia, y sus organizaciones sindicales, debemos solidarizarnos y repudiarla persecución judicial a la compañera Ana Contreras y a todos los compañeros y compañeras que atraviesan por esta injusta situación.
