Sobre el comunicado del Rectorado de la UNS del 17 de julio
Tenemos una obligación ética: ser honestos y claros con lo que afirmamos. Por eso es necesario desmontar las medias verdades que el Rectorado difundió en su comunicado.
1. El estado real del amparo colectivo
Nuestro amparo mantiene —hoy en día — dos partes demandadas:
• la UNS, como empleadora directa;
• el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), como responsable político y presupuestario de garantizar los fondos necesarios para cumplir la medida cautelar.
Por eso es falso —o directamente una mentira— afirmar, como hace el Rectorado, que el Juez Federal de Bahía Blanca “desestimó” la demanda contra la UNS. Lo único que existe en su escrito es una referencia a que la UNS no puede ser invocada como demandada ya que también figura como demandante. Nada más. (Ver página 7 en link: https://drive.google.com/file/d/1A11KoDJtyQgbZA0zvL5wmTfnLsqs7yau/view )
2. Lo que realmente hizo el Juez Federal de Bahía Blanca
El Juez Federal bahiense remitió el amparo completo al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 de CABA (JCAF N.º 11), sin retirar la figura de demandada que la UNS mantiene hasta hoy. Y para mayor claridad: el Juez del JCAF N.º 11 envió hoy (17/7) el expediente al fiscal, para que dictamine como paso previo a resolver la conexidad con la causa madre. (Ver foto)
Puede ocurrir —y no lo negamos— que el Juez capitalino decida retirar a la UNS como demandada y dejar solo al PEN. Si eso sucede, no apelaremos, siempre y cuando el CIN mantenga su demanda activa. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando para que así sea.
3. Las verdades que el Rectorado oculta
Lo que la conducción de la UNS calla —de manera deliberada y maliciosa— es el núcleo de nuestro reclamo: el otro demandado es el Poder Ejecutivo Nacional. Silenciar ese dato no es ingenuo. Buscan instalar la idea de que nuestra acción judicial habría sido “rechazada”, cuando en realidad avanza exactamente por el camino que definimos desde el primer día.
Nuestro objetivo siempre fue —y sigue siendo— incorporarnos a la causa madre que tramita en el JCAF N.º 11, donde se discute la responsabilidad del PEN en el financiamiento universitario.
Incorporarnos a esa causa significa actuar de manera directa, legítima y plenamente legal como un actor más entre los varios que hoy intervienen en ese expediente. Ese es el camino que estamos transitando: con responsabilidad, con transparencia y sin golpes bajos.
Nuestra fuerza está en la claridad del reclamo y en la legitimidad colectiva que lo sostiene.
4. Sobre la responsabilidad política del Rector en el Acta Acuerdo del 10 de junio
Hay un dato que tampoco puede ocultarse: el Rector de la UNS firmó, como parte del CIN, el Acta Acuerdo del 10 de junio junto a las federaciones gremiales nacionales. Esa firma no es un gesto administrativo menor; es una decisión política con consecuencias concretas. El Rector tiene responsabilidad directa en ese procedimiento, que fue —y sigue siendo— nefasto para la lucha por el cumplimiento de la ley.
Ese acta representa una claudicación. Una tregua injustificable frente a un gobierno que ha demostrado, con hechos y no con discursos, un principio claro: desmantelar las Universidades Nacionales, vaciarlas presupuestariamente y quebrar su capacidad de sostener derechos laborales, producción científica y vida democrática.
Mientras decenas de miles de docentes, no docentes y estudiantes sostenemos la pelea por los fondos que la ley ordena transferir, el CIN —con la firma del Rector de la UNS incluida— optó por un acuerdo que debilitó la posición colectiva del sistema universitario y le dio aire político a un gobierno que no cumple con leyes del Congreso y las normas más básicas del financiamiento educativo
5. El intento del Rectorado de invertir los roles
Mientras tanto, el Rectorado intenta desviar la atención y romantizar su propio relato, exagerando una supuesta posición de víctima y colocando a ADUNS en el rol de victimario.
Es una operación discursiva evidente y desgastada: buscan invertir los roles para ocultar responsabilidades y evitar que la comunidad universitaria mire hacia donde realmente debe mirar.
Pero los hechos son contundentes y no admiten maquillaje:
• El Estado nacional está obligado a transferir los fondos.
• La UNS está obligada a aplicarlos.
No hay interpretación alternativa. No hay zona gris. No hay relato que pueda tapar una obligación legal y una orden judicial firme.
Todo lo demás es humo: humo para confundir, humo para dividir, humo para desmovilizar. Y frente a ese humo, nuestra respuesta es organización, claridad y acción colectiva.
La cautelar exige la aplicación plena del artículo 5° de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.295. Lo que reclamamos no es un favor: es el cumplimiento obligatorio de una norma y de una orden judicial que el PEN está demorando sin justificación.
Para culminar
No tenemos dudas: el sendero judicial es una herramienta, pero no es —ni nunca fue— el único camino capaz de torcerle el brazo al gobierno nacional. Lo tenemos absolutamente claro.
Por eso, si luego del receso la medida cautelar sigue sin cumplirse de manera integral, en tiempo y forma, con sus retroactivos y actualizaciones, impulsaremos —a nivel nacional— la resolución de un paro por tiempo indeterminado hasta que el Estado cumpla con lo que la ley y la justicia ordenan.
No es una amenaza. Es una decisión política fundada en hechos:
• porque en un Estado de derecho, las leyes se cumplen;
• porque el financiamiento es una obligación legal;
• porque el vaciamiento universitario es una política deliberada del gobierno;
• porque la comunidad universitaria y preuniversitaria no puede seguir sosteniendo el ajuste con su salario y su trabajo cotidiano.
Razones, legitimidad y legalidad no nos faltan.
ADUNS en CONADU HISTÓRICA
Bahía Blanca, 17 de julio de 2026.-