¿Cómo sigue el proceso judicial?
Ayer la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya resolvió que la apelación sobre la suspensión de la cautelar se volvió abstracta y devolvió el expediente a primera instancia para continuar con la ejecución. Hasta ahí, el camino está despejado.
Pero el 29/6 (luego del fallo de la Corte), el Estado Nacional presentó un escrito al Juez Cormick con este título “Denuncia circunstancias sobrevinientes. Solicita levantamiento de medida cautelar”. Es decir: el Estado pidió formalmente que la cautelar sea levantada. Es decir que la anule.
El escrito se puede leer acá.
¿Qué argumenta el Estado en ese escrito para anular la cautelar?
Le dice que las actas firmadas el 10 de junio entre el Ministerio de Capital Humano, el CIN y las organizaciones gremiales y esos acuerdos habrían satisfecho —textualmente— “los objetivos perseguidos por el Congreso al sancionar los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, cuyo cumplimiento fue ordenado cautelarmente”.
Para sostener esta tesis, acompañan copias de los expedientes administrativos EX-2026-07004854 y EX-2026-60783753, y las resoluciones 430 y 431 de la Secretaría de Educación.
Estas 2 resoluciones se transformaron en la publicitada reasignación presupuestaria del 17 de julio pasado.
El gobierno intenta seguir embarrando la cancha introduciendo un planteo totalmente improcedente.
PERO LO CIERTO ES… que el Juez no puede ejecutar la medida cautelar sin antes responderle ese escrito al Gobierno.
Y QUÉ PUEDE RESPONDER EL JUEZ…
a) tomar lo que presenta el Gobierno como cumplimiento parcial de la medida cautelar (ESTO SERÍA UNA ABERRACIÓN JUDICIAL)
b) obligar al Gobierno a que cumpla inmediatamente con los arts. 5° y 6° de la LFU (que es lo que cubre la medida cautelar) con sus porcentajes correspondientes y retroactivos desde el mes de septiembre 2025 (ESO SÍ SERÁ JUSTICIA).
Seguiremos con atención el derrotero de la causa e informando con la celeridad necesaria.
Y como siempre sosteniendo con fuerza el plan de lucha nacional para que milei cumpla con la ley.
ADUNS – 5AGO26
